Condenan a dos camioneros bolivianos por intentar sacar de la Argentina 35 toneladas de acetato de etilo
La justicia federal de Salta homologó acuerdos de pena con Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, que llevaban un solvente controlado con destino a Bolivia.

La jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, homologó el 22 de octubre las condenas de cuatro años y ocho meses de prisión contra dos conductores de camiones de nacionalidad boliviana. Los acusados intentaron sacar del país más de 35 toneladas de un precursor químico controlado con destino a Bolivia. Aceptaron las penas propuestas por la fiscalía mediante acuerdos plenos.
El operativo en Aguas Blancas
Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización. La fiscalía estuvo a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán.
La maniobra fue descubierta el 16 de marzo de 2026. Personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta, que transportaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo.
Lo que detectaron los investigadores
- La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba.
- Los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas.
- Al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), las patentes no estaban habilitadas para esa operación.
- Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, un producto que puede emplearse en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.
La autorización adulterada
La fiscalía determinó que alguien incorporó las patentes de los camiones a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado. El objetivo era darle apariencia de legalidad al traslado.
La investigación tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de allanamiento.
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