Esperas de meses y gastos de bolsillo: el día a día de las familias que tramitan una discapacidad en Córdoba

Conseguir un turno para certificar una discapacidad, empezar una rehabilitación o recibir una prótesis puede costar meses en Córdoba. Eso es lo que acaba de detallar un documento que la Defensoría del Pueblo provincial presentó el 5 de octubre de 2026 y que recoge testimonios de personas con discapacidad y de sus familias, además de entrevistas con profesionales del sector. Los relatos describen situaciones concretas y no reemplazan a las estadísticas oficiales: son la voz de quienes atraviesan estas demoras.

Cómo se hace el Certificado Único de Discapacidad

Para empezar el trámite hay que pedir un turno en las juntas evaluadoras que funcionan en siete hospitales de la Ciudad de Córdoba. Dos de esos nosocomios son pediátricos, lo que concentra la atención de chicos y chicas en dos puntos fijos. Según el informe, las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses, a lo que luego se suman las demoras para llegar a los especialistas que piden los estudios. La consecuencia directa es que el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que es la llave para acceder a muchas prestaciones, termina llegando tarde respecto de las necesidades de cada persona.

Los plazos que registra el informe

• Prótesis y medicamentos: esperas de cuatro a nueve meses.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de nueve a catorce meses.
• Pagos atrasados a prestadores: demoras de varios meses y hasta un año por parte de obras sociales y programas estatales.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, resumió esos plazos en la presentación del documento. Esos períodos, aclara el informe, corresponden a lo relevado y no permiten anticipar cuánto va a demorar cada trámite particular: cada caso tiene sus propios tiempos según la obra social, la edad y el tipo de prestación.

Lo que pagan las familias mientras tanto

Cuando la respuesta no llega, los hogares cubren los gastos con dinero del propio bolsillo. Una madre entrevistada contó que estuvo sosteniendo la atención de su hija de manera particular durante alrededor de dos años y que hoy destina entre $150.000 y $180.000 sólo en sesiones. A eso se suman los traslados a centros de rehabilitación y, en muchos casos, los apoyos escolares. El documento también registra una sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres: hay madres que achicaron su jornada laboral, resignaron ingresos o directamente dejaron de trabajar para acompañar a sus hijos. María, 44 años, de Río Cuarto, me dijo por ejemplo que tenía que reorganizar sus horarios cada vez que reprogramaban un turno: mañana piensa volver a la oficina y pedirle a su mamá que la reemplace unas horas mientras ella gestiona los próximos pasos.

“Mientras esperás la respuesta, la rehabilitación no espera y la cuenta del profesional tampoco. Si no podés pagarla, el chico se queda sin su sesión.”Madre entrevistada en el informe, 44 años, Río Cuarto

Lo que cobran los prestadores

El relevamiento también mira la vereda de enfrente: la de los centros que brindan las prestaciones. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional que paga la obra social subieron un promedio del 225%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 336%. Para los traslados, en ese mismo tramo la nafta súper se encareció un 559% y el valor reconocido por kilómetro, un 231%. La Defensoría del Pueblo vincula esa diferencia con la decisión de varios prestadores de achicar gastos y, en algunos casos, dejar de atender ciertas prestaciones. Para una familia que ya está esperando su turno y su prótesis, ese escenario es un paso más en una cadena que parece no tener fin: hoy van a volver a llamar a la obra social para insistir con la fecha y mañana van a probar suerte otra vez con el hospital.