Les cuento de entrada lo que hay que saber: las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año en Argentina, y las internaciones se dispararon 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. Son números que duelen y que, como verán, no son un dato aislado: detrás hay un sistema público que hace malabares para contener una demanda que no para de crecer.

El trabajo lo coordinó la Universidad Nacional de Lanús y se construyó con información que aportaron las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. También se sentaron en la mesa Entre Ríos y Río Negro. En conjunto, esas jurisdicciones representan más del 70% de la población del país, lo que le da al relevamiento un peso federal difícil de discutir.

Quiénes golpean más la puerta del sistema público

El informe detecta dos fenómenos que van de la mano y que empujan la demanda hacia arriba. Por un lado, crece la atención de niñas, niños y adolescentes. Por el otro, se multiplican las consultas de personas que perdieron la cobertura de una obra social o una prepaga y cayeron al sistema público. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental. Es un número enorme: casi uno de cada tres pacientes que llega a una guardia lo hace por algo que le pasa en la cabeza, no en el cuerpo.

• Consultas ambulatorias: +23% en el último año.
• Internaciones: +42% entre 2023 y 2026, con +12% adicional en los últimos doce meses.
• 388 nuevas camas de salud mental incorporadas entre 2021 y 2026 en hospitales generales.
• 13 de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.
• En Buenos Aires, el 30% de las guardias hospitalarias ya responde a problemas de salud mental.

Más infraestructura, pero equipos que no alcanzan

La buena noticia es que entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas nuevas de salud mental dentro de hospitales generales, y que trece de las catorce provincias relevadas fortalecieron sus redes comunitarias: abrieron centros de día, sumarán equipos territoriales, pusieron en marcha viviendas asistidas y dispositivos específicos para abordar consumos problemáticos. La mala noticia es que, según reconocieron las propias autoridades provinciales, esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y que cuesta muchísimo completar los equipos con disciplinas críticas.

El informe aterrizó en el Senado en un momento clave: el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las provincias plantearon, con preocupación, que la propuesta "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". Como priorités, mencionaron cuatro ejes: más inversión, más infraestructura y recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad. Además, reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que en los últimos años funcionó más en el papel que en los hechos.

Como cada vez que cubro un tema así, esto no se resuelve con un solo decreto ni con una ley bienintencionada. Se resuelve con plata, con profesionales bien pagos y formados, con dispositivos territoriales que estén donde la gente vive, y con datos serios para saber a qué le estamos apuntando. Mientras tanto, los números siguen contando una historia que nadie puede mirar para otro lado: la salud mental en Argentina dejó de ser un tema de especialistas y se convirtió en una urgencia de toda la sociedad.