La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en una causa por lavado de activos y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión se adoptó en el marco de una investigación que apunta a presuntas operaciones para incorporar al circuito legal dinero obtenido mediante la explotación sexual de mujeres.

El descargo de la defensa

Durante la indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento. Como alternativa, pidió la falta de mérito. En su planteo, sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —vinculadas con la compra de propiedades y la administración de sociedades— corresponden a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Según esa línea argumental, esas fechas serían anteriores al período que la propia causa consideró firme para el delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, Martins sostuvo que ese antecedente se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre, y que las acusaciones por otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de la jueza

Servini rechazó esa interpretación y consideró que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento. En la resolución explicó que una sociedad creada antes del hecho investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo cual la fecha de constitución de las empresas no alcanzaba para descartar las maniobras.

• La magistrada evaluó en conjunto la intervención de sociedades argentinas y extranjeras.
• Analizó los poderes de administración otorgados y el rol de familiares del imputado.
• Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura, aunque no figurara como beneficiario final.

El origen del expediente y la situación del imputado

La causa se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Martins, exintegrante de la SIDE y de 77 años, había sido detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina desde Cancún quedó a cargo de autoridades de ese país.

El próximo paso procesal será la audiencia que determine el avance hacia el juicio oral. La fecha será dispuesta por el Juzgado Federal a cargo de la doctora Servini y se informará en cuanto quede confirmada.