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Suspenden al juez García Maañón y el jury acumula seis cargos formales en su contra

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires apartó en forma preventiva al magistrado de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La denuncia inicial por acoso sexual se amplió con acusaciones por malos tratos, uso de recursos del Estado y delegación irregular de firma digital.

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Sebastián PeraltaPoliciales y judiciales · 27 DE AGO DE 2026 · 2 min de lectura

El Juzgado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.

Origen de la denuncia

El expediente se abrió en julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su relato describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. Acompañó la presentación con chats y audios como respaldo probatorio.

A partir de ese inicio se abrieron en paralelo un sumario administrativo y una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio curso formal al jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos formulados

  • Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
  • Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
  • Uso de recursos del Estado con fines de beneficio personal.
  • Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de su posición institucional con fines de intimidación.
  • Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
  • Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El tribunal de enjuiciamiento está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. El proceso continúa con el análisis y la valoración de la prueba incorporada al expediente.

La próxima audiencia se encuentra pendiente de fijación, a la espera de la resolución del Jurado sobre la continuidad del trámite de destitución.

SP
Sebastián PeraltaPoliciales y judiciales

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