Un oficial ayudante de la Policía de Mendoza fue imputado por abuso sexual dentro de una comisaría de Godoy Cruz
La Justicia mendocina acusó a Cristian Daniel Moyano Sánchez de abuso sexual con acceso carnal agravado. Una detenida de 42 años lo denunció tras ser trasladada al baño de la dependencia. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional.

La Oficina Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a cargo del expediente en etapa de instrucción, imputó al oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. El efectivo de la Policía de Mendoza se encontraba detenido y alojado en las celdas del Polo Judicial, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio.
Los hechos denunciados
La víctima, de 42 años, estaba privada de libertad en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz por causas vinculadas a estafas. De acuerdo con la pesquisa, el uniformado la condujo hasta ese sector de la dependencia y alrededor de una hora después la mujer pidió un teléfono para contactarse con su abogado defensor, a quien le relató lo ocurrido. El letrado radicó la denuncia ante la Fiscalía.
Peritos del Cuerpo Médico Forense realizaron estudios físicos y psicológicos sobre la denunciante y concluyeron que existen rastros compatibles con una relación sexual. Además, se secuestraron el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambas partes, con resultados en la misma dirección.
- Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones.
- Detención del oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, con alojamiento en las celdas del Polo Judicial.
- Análisis de cámaras de seguridad, libros de detención y declaración de otras detenidas en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.
- Apartamiento inmediato dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia, con posible pase a situación pasiva.
El perfil del acusado y el contexto
En el momento del hecho, Moyano Sánchez se desempeñaba como escribiente y no portaba arma reglamentaria, ya que registraba una causa previa por violencia de género y estaba sometido a seguimiento psicológico, de acuerdo con lo informado por la propia fuerza. La Fiscalía sostuvo que la mujer, por el contexto de encierro, no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido.
La instrucción avanza con el análisis de las cámaras de seguridad de la dependencia, la revisión de los libros de detención y la toma de testimonios a otras mujeres que permanecían alojadas en el lugar durante el período investigado. El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia resolvió el apartamiento inmediato del efectivo, con posible pase a situación pasiva.
“La mujer, por el contexto de encierro, no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido.”Fuente judicial consultada por este medio
La próxima audiencia fue fijada para el 4 de diciembre próximo, según consta en el expediente.
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